Política archivística en la República Dominicana
Fecha
Palabra(s) clave
Editorial
Resumen
Trabajo fin de Máster dirigido por Severiano Fernández Ramos. La presente investigación se refiere a la Política Archivística en la República Dominicana. Entendiéndose por ésta el conjunto de actividades orientadas a la toma de decisiones que conducen a la ejecución de programas y proyectos que incluyen las legislaciones, los archivos, las instituciones productoras de documentos y los usuarios en sentido general. La ejecución de una política archivística debe ser encaminada a dotar los organismos públicos y privados de las herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones archivísticas de una manera coherente y uniforme, así como el establecimiento de pautas para la correcta aplicación del tratamiento archivístico a los documentos que produzcan dichas instituciones, en aras de una mayor eficacia administrativa, un mejor servicio a los ciudadanos y una correcta garantía de transparencia en cada una de las instituciones productoras. La realización de estas políticas convertirían los archivos en auténticos centros de información, imprescindibles para la administración y esenciales para la cultura, permitiendo que la relación entre el Estado y la sociedad sea más dinámica e integral y, por ende, haya un mayor grado de compromiso y solidaridad entre sus miembros. En busca de alcanzar resultados medibles y cuantificables, el AGN se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración y cambios, mientras que en las áreas del sector público no se han extendido dichas medidas ya que la legislación que crea el Sistema Nacional de Archivos es de recién creación y promulgación, por lo tanto, no existe aún un reglamento para su aplicación.
Trabajo fin de Máster dirigido por Severiano Fernández Ramos. La presente investigación se refiere a la Política Archivística en la República Dominicana. Entendiéndose por ésta el conjunto de actividades orientadas a la toma de decisiones que conducen a la ejecución de programas y proyectos que incluyen las legislaciones, los archivos, las instituciones productoras de documentos y los usuarios en sentido general. La ejecución de una política archivística debe ser encaminada a dotar los organismos públicos y privados de las herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones archivísticas de una manera coherente y uniforme, así como el establecimiento de pautas para la correcta aplicación del tratamiento archivístico a los documentos que produzcan dichas instituciones, en aras de una mayor eficacia administrativa, un mejor servicio a los ciudadanos y una correcta garantía de transparencia en cada una de las instituciones productoras. La realización de estas políticas convertirían los archivos en auténticos centros de información, imprescindibles para la administración y esenciales para la cultura, permitiendo que la relación entre el Estado y la sociedad sea más dinámica e integral y, por ende, haya un mayor grado de compromiso y solidaridad entre sus miembros. En busca de alcanzar resultados medibles y cuantificables, el AGN se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración y cambios, mientras que en las áreas del sector público no se han extendido dichas medidas ya que la legislación que crea el Sistema Nacional de Archivos es de recién creación y promulgación, por lo tanto, no existe aún un reglamento para su aplicación.